Dado que el gasto en personal representa una de las salidas de efectivo más importantes en las medianas y grandes empresas, es común que las empresas busquen alternativas para aligerar la carga de los impuestos y la seguridad social de la nómina.
Sin embargo, todavía existen en el mercado propuestas que sugieren el uso de bonos por productividad como la vía principal para pagarle a los empleados, bajo la promesa de que reducen los costos de la empresa de forma inmediata. Un análisis desde la perspectiva de la gestión de riesgos demuestra por qué esta práctica, si está mal armada, pone en peligro la estabilidad financiera y legal del negocio.
Prácticas comunes: El mito del bono exento ante el IMSS
Una práctica muy común en el mundo empresarial consiste en registrar al trabajador con un Salario Base de Cotización (SBC) bajo y complementar el resto de su pago mensual mediante conceptos llamados bonos de productividad o incentivos, pensando que estos montos no entran en el cálculo de las cuotas de seguridad social.
No obstante, las autoridades ya fijaron una postura muy clara. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo ACDO.AS2.HCT.260623/160.P.DIR, el cual emite un criterio oficial donde se menciona que los pagos realizados por concepto de bonos de productividad o incentivos a la producción integran el Salario Base de Cotización.
Este criterio se basa en el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, el cual determina que el salario se compone por todo lo que se le entregue al trabajador a cambio de su labor (ya sean pagos en efectivo, gratificaciones, comisiones o prestaciones). Si se usan estos bonos solo para disfrazar el sueldo normal, el IMSS tiene toda la facultad de cobrar de forma retroactiva las cuotas que no se pagaron, junto con actualizaciones, recargos y multas que pueden ser muy pesadas para la organización.
Fiscalización del SAT y el Artículo 90 de la Ley del ISR
El riesgo no se limita al Seguro Social; el Servicio de Administración Tributaria (SAT) también mantiene una vigilancia estricta sobre la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en los salarios.
De acuerdo con el artículo 90 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y siguiendo las reglas de la Ley Federal del Trabajo, cualquier ingreso que aumente el patrimonio de un trabajador debido a su empleo debe pagar impuestos, a menos que la ley señale explícitamente lo contrario.
Si una empresa timbra bonos de productividad de manera fija y constante sin hacer las retenciones de impuestos correspondientes, la autoridad fiscal puede rechazar la deducibilidad de toda esa nómina y fincarle una responsabilidad económica directa a la empresa.
Un ahorro temporal en la nómina nunca justificará un riesgo permanente para el patrimonio de la empresa.
El peligro del cruce de datos por internet (Fiscalización electrónica)
Hoy en día, las autoridades realizan auditorías automatizadas cruzando de forma masiva los datos de los recibos de nómina (CFDI) y las declaraciones de impuestos que las empresas envían mes con mes.
Si los sistemas de la autoridad detectan que una empresa reporta que casi todos sus empleados ganan el salario mínimo, pero al mismo tiempo es un negocio con altas ventas y donde los «bonos por productividad» son la parte más fuerte del sueldo de forma fija y recurrente, se enciende una alerta roja en automático. Esta inconsistencia en los datos provoca que la propia empresa se ponga en la mira de una revisión profunda, sin necesidad de que vaya un auditor en persona.
¿Cómo estructurar correctamente los pagos de la empresa?
Los bonos de productividad son una excelente herramienta para motivar a los equipos y hacer que la empresa sea más competitiva, pero siempre deben diseñarse y pagarse conforme a la ley, aceptando que forman parte del salario integrado del trabajador.
La verdadera eficiencia en la nómina no se logra cambiando nombres en los recibos o inventando conceptos en el timbrado para ver qué pasa. La solución consiste en implementar una planeación fiscal para nómina transparente y bien estructurada, que aproveche los beneficios reales que las leyes ya otorgan.
Una buena asesoría evita problemas con la autoridad, brinda certeza a los socios y protege al talento que hace crecer al negocio.
