En Stratance x Pérez Cota estructuramos y protegemos el patrimonio de servidores públicos antes, durante y al cierre del ejercicio del cargo, asegurando coherencia financiera, respaldo documental y claridad jurídica frente a la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses y los procesos de fiscalización patrimonial.

Nuestro servicio parte de una realidad jurídica concreta: en México, los funcionarios públicos están sujetos a un régimen especial de transparencia, responsabilidad y control patrimonial, derivado de la Constitución, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Sistema Nacional Anticorrupción, la legislación penal y las normas de fiscalización.

Esto implica que no solo deben declarar su patrimonio periódicamente, sino:

• Justificar el origen lícito de sus bienes

• Mantener coherencia entre ingresos y evolución patrimonial

• Someterse a auditorías y revisiones sucesivas

• Evitar conflictos de interés y usos indebidos de recursos públicos

• Responder administrativa, civil o penalmente ante irregularidades

  
  

En este contexto, una mala organización patrimonial no solo genera errores formales: puede convertirse en observaciones graves, procedimientos administrativos o incluso responsabilidades penales.

Un patrimonio que evoluciona y es permanentemente fiscalizado

El patrimonio del servidor público no es estático. A lo largo de su carrera:

• Aumentan sus ingresos y responsabilidades

• Se incrementa la exposición pública

• Se intensifican los cruces de información entre autoridades

• Se comparan declaraciones año con año

Cada adquisición, inversión, ahorro o movimiento financiero es analizado en su evolución histórica, no de forma aislada.

Por ello, la planeación patrimonial no puede limitarse al cumplimiento declarativo. Debe anticipar cómo será interpretado cada crecimiento patrimonial frente a las obligaciones legales vigentes y construir una trayectoria patrimonial congruente, transparente y defendible.